Ciudad de México, 1 de noviembre 2026.- La ASF denunció ante la FGR la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante el gobierno de Samuel García, en el caso denominado “La estafa regia”.
Ramírez Cuéllar advirtió desde 2025 sobre presuntos esquemas de facturación falsa y solicitó una auditoría integral a los recursos federales ejercidos en Nuevo León.
Impulsa reformas para eliminar el fuero, fortalecer el juicio político y cerrar espacios a la corrupción y la impunidad.
Desde octubre de 2025, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió públicamente sobre el presunto involucramiento del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en esquemas de facturación falsa. Durante una intervención en la Cámara de Diputados, señaló al mandatario y sostuvo que las autoridades debían actuar contra quienes incurrieran en la simulación de operaciones y la emisión de facturas por servicios inexistentes. Ahora, la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos durante la administración estatal, obliga a esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con la información dada a conocer por la ASF, se identificaron cuatro rutas de transferencias de recursos públicos a través de distintas empresas, mediante las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
El legislador sostuvo que estas revelaciones no pueden reducirse a una disputa política ni a un intercambio de acusaciones. Se trata de señalamientos de enorme gravedad sobre el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares.
Asimismo, indicó que corresponde a la Fiscalía investigar exhaustivamente la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales, determinar la legalidad de las operaciones y, de acreditarse conductas delictivas, proceder contra todos los responsables, sin excepciones.
“La exigencia es clara: investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”, afirmó.
Ramírez Cuéllar recordó que el pasado 29 de julio de 2026 presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, particularmente los relacionados con contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública. La propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente el 19 de agosto.
Señaló que la ASF atendió la exigencia de fiscalización y realizó su trabajo de revisión, cuyos resultados derivaron en la presentación de una denuncia penal ante la FGR. Consideró que ahora corresponde a las autoridades ministeriales investigar los hechos, seguir la ruta de los recursos y deslindar responsabilidades.
El diputado identifica este presunto esquema como “La estafa regia”, al considerar que los señalamientos sobre la triangulación de recursos públicos durante el gobierno de Samuel García exigen una explicación puntual y una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias.
En este contexto, informó que el pasado viernes 30 de octubre presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional en materia de eliminación del fuero y fortalecimiento del juicio político. La propuesta busca impedir que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad paralicen estos procedimientos o impidan la ejecución de las sanciones correspondientes.
Explicó que la iniciativa busca agilizar los procesos de responsabilidad política y garantizar que puedan concluir oportunamente, sin menoscabar el derecho a la defensa ni el control constitucional.
“Quien recibe el mandato de la ciudadanía asume una responsabilidad mayor frente al pueblo, no adquiere privilegios para evadir la justicia. Ningún cargo público puede servir de protección frente a posibles actos de corrupción. Por eso estamos impulsando cambios para que el juicio político no sea letra muerta, para que las sanciones se cumplan y para que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley”, enfatizó.
Asimismo, mencionó que impulsa iniciativas contra la facturación falsa y el huachicol fiscal, que buscan fortalecer la supervisión de proveedores del sector público, detectar empresas sin capacidad económica real, mejorar la trazabilidad de los recursos y cerrar espacios a la simulación de operaciones.
Finalmente, Ramírez Cuéllar sostuvo que México no puede permitir que el poder político se convierta en un refugio frente a la justicia. Combatir la facturación falsa, desarticular las redes de triangulación de recursos públicos y eliminar los privilegios que favorecen la impunidad son tareas indispensables para recuperar los recursos desviados y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
“La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres, los cargos ni los partidos políticos”, concluyó.
