El PT promueve enmienda constitucional para vivienda adecuada
- La diputada Lupita Rodríguez manifestó que es una lucha sostenida para transformar la sociedad, a partir del derecho de cada persona a una vivienda, necesaria para el disfrute de todos los demás derechos
Monterrey, Nuevo León.- A 52 años de emprender la lucha del pueblo por un pedazo de tierra para vivir, la diputada Lupita Rodríguez Martínez propuso enmendar la Constitución Política del Estado en materia de vivienda adecuada y sostenible.
La propuesta de la legisladora del Partido del Trabajo consiste en homologar la reforma constitucional federal sobre el derecho de toda persona a disfrutar de vivienda adecuada y adicionar el concepto de vivienda sostenible.
“Desde hace más 52 años emprendimos la lucha por esta causa social al fundar la colonia Tierra y Libertad”, aseveró.
Manifestó que es una lucha sostenida para transformar la sociedad, a partir del derecho de cada persona a una vivienda, necesaria para el disfrute de todos los demás derechos.
“Es motivo de satisfacción que esta causa del movimiento urbano-popular sea ahora eje de la transformación social, política y económica de México, con la reforma al Artículo 4to de la Constitución Mexicana, promulgada el 2 de diciembre del 2024”, dijo.
Explicó que el concepto de vivienda adecuada responde a siete elementos que la ONU determinó para garantizar este derecho humano:
1.- La seguridad en la tenencia de la tierra
2.- La disponibilidad de servicios básicos
3.- La asequibilidad de precios
4.- La habitabilidad interior y exterior
5.- La accesibilidad a movilidad y comunicación
6.- La proximidad a educación, salud y empleo y
7.- La adecuación cultural
Expuso que mediante la enmienda al párrafo 17 del Artículo 14 de la Constitución local, se sustituyen los conceptos de familia por persona y de vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada.
Además, en el texto constitucional se establece que en la Ley Estatal de Vivienda se deberá determinar la dimensión del lote mínimo para la vivienda unifamiliar, los materiales de construcción adecuados y el porcentaje de cesión para áreas verdes y equipamiento urbano por parte de los desarrolladores urbanos a los gobiernos municipales.