La Comisión Estatal de Derechos Humanos demanda esclarecer la muerte del menor Ángel Moreno

Al cumplirse tres años del deceso, la Presidenta Susana Méndez Arellano, explicó que se trató de un crimen de estado y recordó que Ángel presentaba múltiples discapacidades debido al maltrato, falta de cuidado, negligencia y dolo en la actuación del personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, 9 de febrero.- En mayo del 2023, el Organismo emitió una recomendación dirigida a Gloria Bazán, encargada del despacho de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León, dando cuenta de los principios y derechos humanos vulnerados.

Entre dichos derechos están el derecho a la vida y a no ser privado de ésta; a una vida libre de violencia; a la preservación de la integridad física, psicológica y emocional; a un trato humano; derecho al interés superior de la infancia y adolescencia; a vivir en condiciones de bienestar; a un sano desarrollo integral; a vivir en familia; a la salud; al acceso a la verdad; a la legalidad; al debido proceso; a la dignidad; y, a los diversos derechos que tienen las personas en situaciones de discapacidad.

El Organismo continúa en contacto con personas allegadas al caso, las cuales siguen clamando por justicia , ya que es inaceptable que un adolescente de 14 años, con discapacidad, que vivió desde sus 04 años en el DIF, institución que tenía la custodia, haya sufrido una tragedia a manos del mismo personal a su cargo, arrebatándole su derecho a un futuro pleno.

Dichas personas compartieron algunas fotografías de su infancia, intentando sensibilizar a las autoridades y personas de la sociedad civil, pidiendo se unan a pedir justicia, ya que no se cumplió con los deberes de protección por parte de la Institución encargada que debió garantizar su seguridad y bienestar.

Asimismo, clamaron justicia y acabar con la impunidad con los casos de los otros niños que han fallecido ahí y quienes continúan siendo víctimas de abusos, pues así lo han manifestado sus familias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

La Ombudsperson explicó que al no aceptar una recomendación, en donde se garantice la no repetición de estos hechos, existe la posibilidad de que se sigan vulnerando los derechos humanos de las infancias, por lo que subrayó la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas de protección a menores, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad bajo la tutela del Estado.