- El legislador federal consideró que cuando quienes mantienen en movimiento al país consideran necesario suspender sus actividades para ser escuchados, existe una señal que debe atenderse con seriedad
Monterrey, Nuevo León, 25 de octubre de 2026.- El autotransporte de carga es uno de los pilares de la economía nacional. A través de sus operadores, empresas y unidades, se trasladan diariamente los alimentos, medicamentos, materias primas y mercancías que necesitan millones de mexicanos y que mantienen en movimiento las cadenas productivas del país.
Sin embargo, se trata de un sector que enfrenta desde hace años condiciones cada vez más complejas para operar, invertir y mantener su competitividad. Ante la decisión de representantes del sector de impulsar un paro nacional para exigir la atención de sus demandas, considero indispensable que las autoridades federales actúen con responsabilidad, apertura y disposición al diálogo.
Las preocupaciones que hoy manifiestan los transportistas no son nuevas ni desconocidas. Desde hace varias legislaturas, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes hemos señalado reiteradamente los problemas estructurales que afectan al autotransporte de carga y la necesidad de atenderlos con medidas concretas. La inseguridad en las carreteras continúa siendo una de las principales preocupaciones.
El robo de mercancías, las agresiones y los secuestros de operadores representan una amenaza para la integridad de quienes trabajan en este sector, además de generar pérdidas económicas, elevar los costos de operación y afectar el suministro de bienes.
A ello se suman los riesgos asociados a las condiciones de la infraestructura carretera, cuyo mantenimiento, modernización y ampliación son fundamentales para reducir accidentes, mejorar la seguridad vial y permitir que las empresas cumplan con sus tiempos de entrega. También hemos expresado nuestra preocupación por las condiciones fiscales y administrativas que enfrenta el sector.
El costo del diésel, la carga que representa el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, las limitaciones en materia de incentivos fiscales y las facilidades administrativas impactan directamente en la rentabilidad de los transportistas.
A esto se añade la relevancia de los gastos por peajes y las restricciones para acreditar o deducir los pagos correspondientes, considerando que el combustible y las casetas representan componentes esenciales de sus costos operativos.
Estas condiciones afectan a toda la cadena del autotransporte: desde el hombre-camión que depende de una o pocas unidades para sostener a su familia, hasta las empresas que administran grandes flotas y generan miles de empleos.
No se trata de una problemática exclusiva de un segmento, sino de una realidad que compromete la viabilidad de una actividad indispensable para el desarrollo nacional. Por ello, es importante que las autoridades no minimicen las exigencias del sector ni reduzcan esta situación a una diferencia coyuntural.
Cuando quienes mantienen en movimiento al país consideran necesario suspender sus actividades para ser escuchados, existe una señal que debe atenderse con seriedad. El diálogo no debe limitarse a reuniones o compromisos sin seguimiento; debe traducirse en acuerdos verificables, responsables identificables y acciones que permitan avanzar en la solución de los problemas planteados.
Desde esta Comisión reconocemos la importancia de que el sector del autotransporte haga visibles sus preocupaciones y las coloque en el centro de la discusión pública. Sus demandas coinciden con señalamientos que hemos sostenido durante años y que seguiremos impulsando desde nuestra responsabilidad legislativa.
Nuestra labor no termina con la presentación de iniciativas o la revisión del marco jurídico: también implica señalar las deficiencias, exigir respuestas y vigilar que las decisiones públicas consideren las necesidades reales de los sectores productivos.
En este sentido, el próximo Presupuesto de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027 representa una oportunidad para demostrar, con decisiones concretas, la disposición del Gobierno Federal a atender las condiciones que afectan al autotransporte.
La política fiscal, los incentivos, las facilidades administrativas y las medidas que inciden en los costos de operación deben formar parte de una discusión responsable, sustentada en el impacto que tienen sobre las empresas, el empleo, los precios y la competitividad del país.
Desde la Comisión de Comunicaciones y Transportes estaremos atentos al desarrollo de esta situación y continuará ejerciendo su responsabilidad de legislar, dar seguimiento y alzar la voz en defensa de las necesidades del sector.
El transporte de carga no pide privilegios: exige condiciones para trabajar con seguridad, certidumbre y viabilidad económica. Escuchar al sector es escuchar a una parte fundamental de México. Las autoridades tienen la responsabilidad de abrir el diálogo y convertirlo en soluciones.
