Monterrey, Nuevo León, 6 de mayo.- Para evitar controversias, malentendidos o situaciones de discrecionalidad, abuso de autoridad o incluso actos de corrupción, a propuesta del Diputado de Acción Nacional, Miguel Lechuga, el Congreso del Estado aprobó el uso de cámaras de video corporales por parte de los inspectores municipales.
La iniciativa, dictaminada en la Comisión de Legislación, fue aprobada en primera vuelta en la sesión ordinaria del Poder Legislativo de éste miércoles.
Se trata de una reforma de la Fracción VI del Artículo 227 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
La iniciativa obliga a los servidores públicos adscritos a las unidades municipales de inspección y vigilancia a portar y utilizar cámaras corporales de videograbación durante el ejercicio de sus funciones, generando un registro objetivo, disuadiendo conductas indebidas y fortaleciendo la certeza jurídica tanto de ciudadanos como de funcionarios.
Se señala la utilización de la videograbación como elemento probatorio en procedimientos administrativos y garantizar a la parte inspeccionada el derecho a solicitar acceso a dicha grabación, conforme a la Ley de Transparencia y normativa de protección de datos personales.
Miguel Lechuga resaltó la importancia de su iniciativa.
“Ésta es una propuesta que impulsé porque la gente está cansada de abusos y de que las inspecciones se presten a posibles actos de corrupción. Hoy dimos un paso muy importante al aprobarla en primera vuelta como reforma constitucional, lo que refleja la urgencia de atender este problema de fondo. No podemos seguir permitiendo que haya funcionarios que, aprovechándose de su cargo, generen incertidumbre, cobros indebidos o procedimientos poco claros. Hoy muchos ciudadanos no tienen cómo defenderse porque no existe evidencia de lo que realmente ocurre en una inspección”, aseguró.
“Con esta reforma estamos poniendo orden: quien haga bien su trabajo no tiene nada que temer, y quien no, va a quedar evidenciado. Las cámaras corporales van a garantizar transparencia, acabar con espacios para la corrupción y dar certeza tanto a ciudadanos como a servidores públicos. Se trata de que la ley se aplique sin excepciones, sin discrecionalidad y de frente a la gente. En Santa Catarina y en todo Nuevo León no debe haber lugar para abusos de autoridad”, concluyó el legislador de Acción Nacional.
