Por: El Puntilloso
GOBERNADOR PEDIRÁ LICENCIA EN NOVIEMBRE…
Si Samuel García Sepúlveda quiere ser diputado federal y tener fuero para su “séptimo año”, está obligado a pedir licencia en noviembre próximo y ese parece ser un acuerdo al que ya llegó con el resto de las fuerzas políticas.
Si bien ya todos lo traen como una agenda con acuerdo de confidencialidad incluido, nadie va a decir nada porque la verdad es que la mayoría van a pedir licencia en noviembre y los que no, van a pedirla en diciembre, porque tienen que separarse del cargo con el suficiente tiempo para estar en las precampañas.
Y también para cumplir con los plazos previos a separarse de cargos públicos, por lo menos 180 días antes de las elecciones en casi todos los casos y con 90 días en otros, pero casi todos tendrán que hacerlo antes de que concluya 2026.
En el caso particular del gobernador Samuel García se dice que será en noviembre, si bien puede hacerlo incluso hasta los primeros días de diciembre, pero no quiere estirar tanto la liga, pero además porque tampoco quiere que su firma aparezca en el proyecto de presupuesto para el 2027.
NO HAY QUINTO MALO: INFORMAS Y TE VAS
Ese documento lo debe recibir el Congreso del Estado a más tardar el 20 de noviembre, por lo que los plazos del gobernador los va a marcar su Informe de Gobierno, que sería su Quinto Informe de octubre próximo, antes de dejar propiamente la silla del Palacio de Cantera.
Como marca la ley, el Congreso del Estado definirá un interinato que le permita irse a la campaña, pero eso sí: será su decisión si una vez concluidas las elecciones, después del 6 de junio del 2027, regresa al cargo para cerrar los últimos meses de su gestión y entregarle el Palacio de Gobierno a quien gane las elecciones, la próxima gobernadora o gobernador según sea el caso.
No se lo digan a nadie, pero esa es la agenda de los tiempos políticos que se va definiendo desde el principal cargo del estado. Veremos…
LANZA ADRIÁN PROGRAMA SOCIAL DE SALUD
De cara al año electoral que ya está a la vuelta de la esquina en octubre próximo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ha levantado ámpula tras lanzar un nuevo programa con enfoque en la salud a través de consultas y medicamentos sin costo a personas que no tengan seguridad social.
Se aclara también que cualquier ciudadano que compruebe ser de Monterrey podrá acceder a estos servicios sin costo alguno, ya que además de las consultas médicas, se incluyen servicios dentales, oftalmológicos, de ginecología, de psiquiatría y de psicología.
El alcalde señaló que a este proyecto se están destinando 40 millones de pesos mediante un esquema de adquisición directa, mientras en los otros partidos ya están viendo como la precampaña al alcalde de Monterrey le ha salido bastante natural, por no decir otra cosa.
Como ejemplo está la Regio Ruta que ha sido todo un éxito, cosa que no puede decir lo mismo Hernán Villarreal, el gurú estatal del transporte de pasajeros, quien ha resultado todo un fiasco con rutas inventadas que nadie sabe a dónde llevan.
Tanto el nuevo programa de salud como el del transporte gratuito, son apoyos sociales que la gente valora porque, más allá de que puedan ser o no electoreros, por lo menos cubren una necesidad inmediata, si bien algunos les llaman dádivas de manera despectiva…
Y EL PRI DENUNCIA A MARTHA HERRERA
Lo que llama la atención después de lo que comentamos líneas arriba, sobre este lanzamiento del programa de salud gratuito por parte del alcalde de Monterrey, es que el PRI municipal haya hecho, apenas un día después, una denuncia contra la ex secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera.
La acusaron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de desvío de recursos públicos por aparecer de manera recurrente en actos oficiales con el gobernador Samuel García y otros secretario del gabinete, entre ellos el de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.
Valdría la pena valorar la delgada línea roja que puede separar el desvío de recursos públicos con programas como el que señalamos líneas arriba del municipio de Monterrey, para el que, por cierto, se hizo la asignación del proveedor de manera directa, o sea sin licitación, tal vez por razones de tiempo.
El punto es que en todos lados se presta a malas interpretaciones y sobre todo, cuando las elecciones están en puerta. Seguramente alguien eligió los tiempos para hacer la denuncia y tal vez piensa que los eligió bien. Habrá que ver cómo va sucediendo esto y sobre todo, además de elegir los tiempos, cada quien elige sus batallas…
CASO ROCHA MOYA, MÁS POLÍTICA QUE JUSTICIA
La exigencia de Estados Unidos para que el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera no solamente enviado a prisión, sino también extraditado luego a Estados Unidos, según la exigencia hecha a la Secretaría de Relaciones Exteriores y filtrada a algunos medios, fue rechazada nuevamente ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El argumento fue el mismo: no encontraron pruebas consistentes que justificaran la “urgencia” de encarcelarlo con miras a extraditarlo posteriormente: el punto es que el gobierno mexicano nunca estuvo dispuesto a que se vulnerara la soberana decisión de juzgar en México a sus ciudadanos.
Y tampoco iban a montar un juicio a modo, como está ocurriendo en Argentina contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que algunos testigos de cargo acaban de denunciar que están recibiendo presiones por parte del gobierno de Javier Milei para que declaren falsamente en contra de la ex mandataria.
¿QUÉ HUBIERA HECHO NORMA PIÑA?
Por lo visto eso se hubiera esperado si el Poder Judicial Federal estuviera todavía en las manos que estaba antes de las elecciones de 2025, luego de que las cuentas de prominentes delincuentes del crimen organizado les fueron descongeladas sus cuentas, como fue el caso de la esposa de Genaro García Luna, o las clásicas liberaciones de narcos mediante amparos en fin de semana.
Interesantes casos se han dado en Latinoamérica también en Brasil los juicios contra el ahora presidente Luis Inacio Lula da Silva, cuando fue enviado a prisión por la Corte de Jair Bolsonaro, si bien ahora los papeles se han invertido en el país del Rey Pelé.
Sin embargo, siempre van a buscar resquicios de por dónde entrar y buscar que los juicios se hagan como se dicta desde Estados Unidos, más allá de si Rocha Moya y los otros nueve coacusados son responsables o no de delitos contra la administración pública o incluso de estar coludido con el narcotráfico.
PRIMERO SE LE JUZGA EN MÉXICO
Lo que mandata la ley es que primero se le debe juzgar y comprobar dichos delitos en México, antes de que un gobierno extranjero acuse, pruebe y sentencie desde el otro lado de la frontera a ciudadanos y funcionarios mexicanos.
Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos ya dejó en claro que si no hay la cooperación que esperaban de casos como el de Rocha Moya, su apoyo en las tareas contra el crimen organizado estarán condicionadas al apoyo que reciban de las autoridades mexicanas.
Mientras en Estados Unidos, el país de “la libertad y la justicia” siguen sin poder revelar todos los expedientes del caso Epstein porque temen manchar la presidencia de Donald Trump. Alguien sabe demasiado…
