Monterrey, Nuevo León, 21 de abril.- El Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma presentada por el Diputado de Acción Nacional, Miguel Lechuga a fin de establecer la obligación de estudios técnicos y mecanismos legales que regulen la cancelación, suspensión, fusión o modificación sustancial de rutas del transporte público garantizando que cualquier cambio se realice con base en consulta ciudadana y garantía de continuidad del servicio, protegiendo el derecho a la movilidad de las personas usuarias.
La propuesta del legislador albiazul es una adición del Artículo 69 Bis 1 a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León.
La iniciativa de reforma presentada por Miguel Lechuga incluye a las rutas del Sistema Estatal de Transporte Metropolitano (SETME) y del Sistema Estatal de Transporte de Ruta Alimentadora (SETRA) salvo que previamente se cumplan los siguientes requisitos:
La existencia de un dictamen técnico-operativo elaborado por el Comité Técnico y aprobado por la Junta de Gobierno, en el que se evalúe el impacto en los tiempos de espera, suficiencia de unidades y demanda de pasajeros. Este dictamen deberá garantizar que cualquier modificación no incremente los tiempos de espera para las personas usuarias.
También, la realización de una consulta a la ciudadanía de la zona afectada, con la participación de personas usuarias y residentes, organizada por el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad en coordinación con el municipio correspondiente, cuyos resultados tendrán carácter determinante para la autoridad competente.
Asimismo, la garantía de continuidad operativa, asegurando que toda fusión o modificación de rutas mantenga frecuencias mínimas aceptables, el número suficiente de unidades y operadores, y la distribución territorial de los recorridos sin reducir la conectividad de las colonias afectadas.
Y, finalmente, la implementación simultánea de una ruta alternativa con cobertura, frecuencia y conectividad equivalentes, aprobada por la Junta de Gobierno y comunicada públicamente con al menos quince días naturales de anticipación. Toda cancelación, fusión o modificación realizada sin observar este procedimiento será considerada una afectación grave al derecho a la movilidad, dando lugar a sanciones conforme a las disposiciones aplicables.
Miguel Lechuga resaltó la finalidad de su propuesta.
“A Santa Catarina durante todo el periodo electoral pasado nos prometieron un metro que siempre no llego. Nos prometieron camiones de calidad, no llegaron. Nos prometieron que no iba a haber filas de horas y no se terminan. Eso no es movilidad, es faltarle el respeto a la gente. Pero lo que si hicieron es fregar aún más a Santa. De la noche a la mañana nos empezaron a quitar camiones, nos anunciaban que siempre no se iban a hacer los proyectos y nos cortaron rutas de toda la vida sin preguntarle a la gente”, aseguró.
“Por eso desde el Grupo Legislativo de Acción Nacional impulsamos esta iniciativa. Para ponerle un alto a las ocurrencias y para que de aquí en adelante cuando el Gobierno del Estado quiera cancelar o fusionar rutas, como ya lo hicieron con la 26 y la 155, le tengan que dar la cara a la gente. Que les demuestren a los usuarios que hay estudios técnicos, que no van a esperar más tiempo en la parada. Que se les pregunte si están de acuerdo con los cambios y que si van a mover las rutas pues que por lo menos pongan otras alternativas”, puntualizó el Diputado de Acción Nacional.
El dictamen fue aprobado por mayoría con 21 votos a favor.
