Congreso aprueba exhorto para revisar el impacto social de la deuda de la REA

La diputada Grecia Benavides presentó este exhorto para que se rindan cuentas sobre las decisiones que han encarecido la movilidad en Juárez y para que las familias no sigan pagando los costos de una deuda que no decidieron.

Monterrey, Nuevo León, 26 de octubre.- El Congreso del Estado aprobó el exhorto presentado por la diputada Grecia Benavides, del Grupo Legislativo de Morena, para que el Gobierno del Estado y la Red Estatal de Autopistas (REA) informen con detalle los resultados de los financiamientos adquiridos entre 2018 y 2024, así como el impacto social que han tenido en la vida cotidiana de las y los habitantes de Nuevo León, particularmente en el municipio de Juárez.

La legisladora destacó que esta acción representa un paso importante hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a infraestructura vial.

“No se trata sólo de números o de informes administrativos; se trata de garantizar que los recursos públicos destinados a la infraestructura vial, que pertenecen al pueblo, realmente se traduzcan en beneficios palpables, en caminos seguros, en desarrollo regional y en rendición de cuentas”, expresó Benavides

El exhorto aprobado retoma una línea de trabajo que la diputada ha sostenido desde inicios del año, al advertir que las decisiones financieras de la REA, como la bursatilización de los ingresos carreteros y la prolongación de su deuda hasta 2063, han profundizado la desigualdad y limitado el desarrollo de Juárez, al convertir en negocio lo que debería ser un servicio público.

Benavides recordó que el municipio de Juárez vive una forma de violencia estructural derivada de decisiones financieras que no consideran el bienestar de sus habitantes, y subrayó que la revisión de la deuda de la REA es el primer paso para corregir esa injusticia.

Con la aprobación de este exhorto, el Congreso del Estado reconoce la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y evaluar el costo social de las decisiones financieras, como parte de un nuevo modelo de desarrollo más justo, sostenible y al servicio de la ciudadanía.